La reciente denuncia de Francisco Ramírez Galindo, exmilitar y exmiembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Chiapas, no debería pasar desapercibida. Al contrario: debería sacudir a las instituciones, encender focos rojos en el gobierno estatal y provocar una reacción inmediata. Lo que Ramírez revela no es menor: corrupción, abuso de poder, colusión con el crimen organizado y un sistema que opera más para proteger a delincuentes que para garantizar la seguridad ciudadana.

El testimonio es perturbador. Habla de mandos que dan órdenes bajo los efectos del alcohol, de intentos de abuso sexual encubiertos, de atropellos a jóvenes inocentes a quienes después se les “siembran” drogas para justificar el uso excesivo de la fuerza. Habla, en resumen, de una estructura podrida desde dentro, en la que el uniforme se convierte en escudo para delinquir y la jerarquía en una red de complicidades.

Más preocupante aún es la normalización del silencio. Que alguien como Ramírez Galindo se atreva a hablar, a poner su nombre y su rostro en una denuncia pública, solo evidencia el nivel de desesperación y frustración que reina dentro de una corporación donde los buenos elementos —si los hay— prefieren callar o marcharse.

¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño? ¿Dónde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar? ¿Hasta cuándo se permitirá que cuerpos de “élite” operen como brazos armados del crimen, con recursos públicos y bajo el amparo del Estado?

Chiapas no merece una policía corrupta. México no puede seguir tolerando instituciones que alimentan la violencia que dicen combatir. La denuncia de Ramírez no debe ser vista como una anécdota ni como una venganza personal: es un grito de auxilio y una demanda urgente de justicia. Y quienes hoy están en el poder, si de verdad quieren gobernar con dignidad, deben escuchar.

Porque cuando el uniforme deja de proteger al pueblo y empieza a proteger al crimen, lo que está en juego ya no es solo la seguridad: es la democracia misma.