El Comité Técnico de la Jucopo de la Cámara de Diputados precisó tres aspectos fundamentales para la selección: un examen de conocimientos, una entrevista y la revisión de sus expedientes

 Los 152 aspirantes a ocupar un lugar como consejeros en el Instituto Nacional Electoral tendrán que avalar un examen de conocimiento en materia electoral, de acuerdo con la metodología que dio a conocer el Consejo Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

El Comité Técnico, encargado de seleccionar a los 15 semifinalistas a tres puestos de consejeros electorales, precisó tres aspectos fundamentales para la selección: un examen de conocimientos, una entrevista y la revisión de sus expedientes.

Esta metodología, básicamente consiste en incluir la aplicación de exámenes de conocimientos electorales, para los prospectos. Desde luego, la revisión del expediente, pues que deberá contener la información que ha sido ya publicitada. Y una entrevista que permitirá conocer, desde luego, las habilidades, el perfil y otros atributos importantes que han sido considerados”, señaló Francisco Martínez Neri, presidente de la Jucopo.

 Debido a que en los últimos años se ha perdido el interés de la ciudadanía por involucrarse con todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, es necesario echar andar una estrategia de cultura cívica entre los jóvenes, resaltó Carolina del Carmen Zenón Estrada, directora de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En entrevista, afirmó que dicho plan es parte de es una política pública creada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con base en estudios como el “Informe País” y un grupo de expertos que se dio a la tarea de revisar tanto la participación ciudadana en México como el ejercicio de los derechos políticos democráticos de la ciudadanía.

A poco más de un año de que se celebren las contiendas electorales no sólo en Chiapas sino en toda la República, la funcionaria consideró que en estas acciones tienen que estar involucrados todos los sectores, como las organizaciones civiles, y de esa manera abonar a la democracia.

Puntualizó que la verdad, el diálogo y la estrategia son tres ejes estratégicos fundamentales para lograr dicho objetivo, “porque lo primero genera conocimiento en derechos humanos y políticos-democráticos, mientras el segundo abarca los foros, pláticas y otras acciones donde el ciudadano encuentre esos espacios”.

Con esas “herramientas”, agregó, las personas le podrán exigir a quien ocupe un cargo público o esté al frente de una institución el cumplimiento de la palabra pública empeñada, “porque muchas veces no hacen lo que prometen, y ahí es el momento en el que la sociedad puede presionar y exigir, siempre y cuando también cuente con el conocimiento”.

Comentó que uno de los sectores que más les ocupa es el de los jóvenes, con quienes tratarán de trabajar de una forma más “incisiva” y que de esa manera ellos busquen en el IEPC las herramientas que se le brindan para ejercer una verdadera democracia, “que se acerquen, que sean más participativos, que pregunten e ir haciéndonos de conocimiento para tener elementos para exigir lo que veamos que no está bien, lo que necesitemos o no estamos conformes”.

La idea, remató Carolina Zenón, es generar participación ciudadana o apropiación de la ciudadanía: “Que los jóvenes o estudiantes se apropien del espacio público que les pertenece, y no podemos dejar que alguien más lo haga… nosotros debemos involucrarnos”.

El diputado local priísta, Williams Ochoa podría estar violando la Ley Electoral, tras de que la revista en línea C & E Campaigns and Elections, enfocada en tácticas y técnicas de consultoría política “inundara” Tuxtla Gutiérrez con espectaculares donde promocionan la imagen del político.

El caso más reciente en este sentido se registró en octubre de 2016 cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), ordenara el retiro de la publicidad de conocida revista en cuya portada aparecía el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pues vulneraba el principio de equidad y constituía un acto de promoción personalizada y sobreexposición de imagen.

De hecho el organismo electoral ha reiterado que quienes tengan aspiraciones a cargos de elección popular, deben revisar detalladamente la normatividad vigente y no incurrir en actos adelantados, pues la reforma político-electoral conlleva cambios fundamentales en la forma y tiempos de realizar proselitismo.

El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe)  en el apartado tercero, establece que “Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”.

Asimismo, señala que el Artículo 227, apartado segundo, aclara: “Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular”.

En su momento, líderes de diversas cámaras empresariales de Chiapas, entre ellos, el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE), David Zamora, dio a conocer su rechazo a esta serie de actividades por parte de la clase política, pues en nada abonada a los tiempos que hoy se viven.

 “La entidad, específicamente el gobierno, atraviesa por un serio problema de liquidez, por lo que las energías de los representantes populares y  funcionarios públicos deberían estar enfocadas a cómo resolver estos conflictos y no en estar promoviéndose”, dijo el empresario y agregó que aún no siendo una estrategia directa de los políticos el difundir su imagen de esta manera, deberían esperar los tiempos que marca la ley para hacerlo.

La revista C & E fue fundada por Stanley Foster Reed en 1980, en Arlington, Virginia, Estados Unidos, y nació con el propósito de dar a conocer a la opinión pública la gestión de recursos: relación con medios de comunicación y administración de los presupuestos gastados en campañas políticas.