Chiapas se convierte en el primer estado del país en establecer, mediante un acuerdo institucional, el compromiso de garantizar una justicia inclusiva y con perspectiva de género, infancia y adolescencia. Este avance no surge de un discurso político, sino de la firma de un documento oficial que involucra a los tres poderes del Estado y que compromete a jueces y magistrados a actuar con enfoque sensible ante los sectores históricamente vulnerados.

El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la iniciativa en coordinación con Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta de la Colectiva 50+1 Chiapas. Ambas figuras promovieron la firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias, el cual obliga a incorporar estos enfoques en todos los procesos judiciales, no como una opción, sino como una obligación institucional.

El acto fue atestiguado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien enfatizó que su administración no actúa con indiferencia ante la violencia, sino con acciones concretas para reconocer los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En su mensaje, reiteró el compromiso de su gobierno por erradicar las injusticias que afectan especialmente a estos sectores en la entidad.

Este acuerdo fue firmado también por representantes del Poder Legislativo y por juzgadores electos. Se espera que, a partir de su implementación, se refleje un cambio real en la atención judicial, administrativa y ciudadana, donde el trato sea sensible y equitativo.

El trabajo de activistas y colectivas feministas fue clave para concretar este avance. Mujeres como Gabriela Coutiño Montes, Aracely López Trejo, Laura León Carballo, Nereyda Saldaña, Lupita Maza, Carolina Cariño, entre otras, han luchado durante años por una justicia que no castigue el género o la edad, sino que proteja y acompañe a quienes más lo necesitan.

No se trata de un logro simbólico, sino de una transformación profunda que, de cumplirse, podría marcar un antes y un después en la impartición de justicia en Chiapas y en todo el país.

Elecciones en Pantelhó se realizarán con condiciones de seguridad

En otro tema, la titular del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Magdalena Vila Domínguez, confirmó que las elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó se llevarán a cabo el próximo 31 de agosto. Aseguró que existen condiciones de seguridad gracias al despliegue de operativos coordinados entre autoridades estatales y federales.

Patricia Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno, informó que se han instalado mesas de diálogo en diversas comunidades indígenas del municipio, lo que ha permitido disminuir las tensiones sociales y generar confianza entre los ciudadanos.

A diferencia de procesos pasados marcados por la violencia, hoy no se respira miedo, sino una voluntad clara de participar de manera pacífica en las urnas.

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Chenalhó, Chiapas.– A cuatro años del asesinato del defensor de derechos humanos y líder tsotsil Simón Pedro Pérez López, organizaciones civiles, familiares y miembros de su comunidad continúan exigiendo justicia y el fin de la impunidad que rodea su caso.

Durante una ceremonia conmemorativa realizada en su comunidad, integrantes de la organización Las Abejas de Acteal A.C., a la que Simón Pedro pertenecía, denunciaron la falta de avances reales por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que, aseguran, no ha profundizado en las investigaciones ni ha identificado a los autores intelectuales del crimen, ocurrido el 5 de julio de 2021 en el municipio de Simojovel.

Simón Pedro fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en un mercado. Días antes, había acompañado a autoridades comunitarias a sostener un diálogo con representantes del Gobierno del Estado, en el que denunció el incremento de la violencia, así como la presencia y control del crimen organizado en municipios como Pantelhó, Simojovel y Chenalhó.

Durante el homenaje, su comunidad resaltó el compromiso del líder tsotsil con la no violencia, su servicio a la iglesia y su incansable defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra. También lo recordaron como un hombre valiente, entregado a las causas sociales y profundamente arraigado a su pueblo.

“Simón Pedro fue asesinado por su lucha por la paz en una región marcada por el miedo, los grupos armados y el crimen organizado”, señalaron sus familiares, quienes además exigieron que se castigue tanto a los autores materiales como intelectuales del homicidio, así como a quienes han atentado contra su comunidad.

La exigencia de justicia por Simón Pedro se suma a las múltiples denuncias sobre la violencia estructural que persiste en los Altos de Chiapas, donde el tejido social continúa siendo golpeado por el narcotráfico, los desplazamientos forzados y la impunidad.