En conferencia de prensa dijeron que después de iniciar una jornada intensa de protestas en contra de las altas tarifas que la CFE impone y de las reformas estructurales así como la defensa de los derechos humanos, decidieron retirarse. 

Reafirmamos que seguiremos en resistencia hasta lograr justicia para nuestros pueblos, por ello por acuerdo de nuestro campamento decidimos levantarnos para escuchar el resultado de la consulta que están realizando nuestros compañeros desde las regiones y desde ahí definir las acciones que haremos para ser escuchados y  nos den respuesta a nuestras demandas", aseveraron. 

Indicaron que las clases políticas de todos los colores han prometido que cuando lleguen a los cargos de elección popular bajarán los precios del consumo de energía eléctrica, cosa que no han cumplido engañando así al pueblo. "Por eso la ANUE ya no le cree a los políticos porque sólo prometen en tiempo de elecciones  pero cuando llegan al poder se olvidan de sus promesas". 

Finalmente los manifestantes dejaron en claro que luego de definir que acciones incrementarán para ser escuchados, regresarán antes del  primero de julio o después de las elecciones. 

Con el objetivo de preservar los principios de legalidad, equidad, respeto y tolerancia en este Proceso Electoral 2018, se llevó a cabo la firma de Pacto de Civilidad entre los candidatos a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas y de los diputados locales del V Distrito. 

La firma se llevó a cabo este lunes en la Unidad Administrativa y fue presidida por el Presidente Municipal por Ministerio de Ley Miguel Anguel Rosas Salas, acompañado de Oscar Domínguez Gutiérrez  sub-secretario de la región SCLC-Teopisca,  Rafael Martínez Ruiz Fiscal de Distrito Altos, personal del INE y del IEPC. 

Este acto  se dio en un clima de armonía, de respeto y de compromiso público, en donde  candidatas y candidatos de ayuntamientos y de diputaciones locales, acudieron de manera voluntaria para comprometerse públicamente a regirse bajo los principios de tolerancia, respeto y civilidad en esta contienda electoral. 

Con la firma de este acuerdo queda de manifiesto la madurez política que privilegia las campañas, para que este documento no quede sólo en buenas intenciones, sino que sea letra viva en un compromiso de respeto a la ética y legalidad. 

La firma de Pacto de Civilidad fue presidida por el Presidente Municipal por Ministerio de Ley Miguel Anguel Rosas Salas, acompañado de Oscar Domínguez Gutiérrez  sub-secretario de la región SCLC-Teopisca,  Rafael Martínez Ruiz Fiscal de Distrito Altos, personal del INE y del IEPC. 

Las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, señalaron que se ha deteriorado la dignidad de la actividad política al convertirla en ocasión de acceso a los recursos públicos para el enriquecimiento personal, familiar o de grupo.

 

A través de un comunicado, los obispos Rodrigo Aguilar Martínez, Arnulfo Quintanar Monroy y  el Arzobispo Fabio Martínez Castilla, señalaron severamente las acciones de los candidatos a cargos públicos quienes han defraudado la confianza del pueblo

"Muchos presidentes han endeudado a sus municipios, desviando el presupuesto, sosteniendo las campañas de sus partidos e incluso, distribuyendo en efectivo los recursos del presupuesto, reforzando el ciclo de la pobreza y la dependencia. Es evidente el enriquecimiento ilegal y voraz de numerosos funcionarios, en contraste con los deficientes servicios públicos que deberían beneficiar a la población". 

Así también mencionaron que existe una corrupción presente en los diferentes sectores de la sociedad, pero que tiene su principal raíz y manifestación en numerosas entidades gubernamentales. "El pueblo percibe que las reformas estructurales y la política neoliberal han resultado en mayor costo de la gasolina, el gas, la electricidad, la canasta básica; y en el deterioro de los servicios de salud, educación etc.". 

Indicaron que existen caciques políticos que se han centrado en el beneficio de su familia, o imponen sus propios candidatos y que esto es de dominio público que hay funcionarios y candidatos con historial delictivo  que cuentan con protección de funcionarios gubernamentales.

Aseveraron que  el sistema de partidos políticos ha sido causa de divisiones y conflictos en las comunidades y los pueblos por la corrupción de autoridades locales, la compra de votos, la coacción por los programas sociales, la propaganda engañosa, las promesas falsas, la distribución de despensas y otros objetos para condicionar al votante. 

Destacaron que la impunidad hace que se sigan cometiendo delitos electorales para ganar a toda costa. "Se constata la intervención de la delincuencia organizada en la selección o imposición de candidatos y la existencia de grupos armados ilegales al servicio de intereses políticos, económicos o

criminales. La población tiene miedo o desconfianza de denunciar ante las autoridades, pues duda que actúen

en defensa de los intereses del pueblo". 

Finalmente refirieron que la situación actual presenta grandes retos a la ciudadanía, pues al elegir autoridades ha de buscar que los elegidos asuman su cargo para enfrentar y superar los problemas que aquejan al pueblo de Chiapas.

Después de cumplir 5 años de prisión en un penal de Chiapas, Roberto Carlos Ruiz Hernández de nacionalidad hondureña, quedó en libertad pero luego fue detenido por las autoridades migratorias, asi lo denunció el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

A través de un comunicado el Frayba señaló que Roberto Carlos Ruiz Hernández fue liberado del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, pero permanece en detención en la Estación Migratoria Siglo XXI.

“Roberto Carlos, migrante hondureño, cumplió sentencia condenatoria, el pasado 23 de mayo de 2018, a las 12 horas aproximadamente, sobreviviente de tortura, estuvo en injusta prisión durante 5 años, por un delito que no cometió, a pesar de que desde febrero de 2017 la Mesa de Reconciliación había determinado otorgarle su libertad”, informó  el centro de Derechos Humanos. 

Destacó que la historia de Roberto Carlos es un ejemplo de discriminación de un sistema penal que castiga la pobreza y mantiene en la impunidad violaciones a derechos humanos de población vulnerable, de 36 años de edad, salió de Honduras fue en 1994 debido a condiciones de pobreza en las que vivía, durante 8 años trabajó en Estados Unidos, dos veces lo deportaron.

“En su tercer viaje decidió quedarse en Chiapas donde formó una familia, actualmente tiene un hijo de 10 años y una hija de 5 años, se dedicaba a la pesca pero por las condiciones económicas decidió partir una vez más a Estados Unidos, cuando se encontraba esperando el tren, personas vestidos de civil lo detuvieron el 22 de mayo de 2013 en Tonalá junto con 60 personas migrantes más”. 

Relataron que desde su reclusión en el penal de Tonalá estuvo varios años, y posteriormente fue trasladado al penal de San Cristóbal de Las Casas, Roberto Carlos denunció violaciones a sus derechos humanos y 3 veces se costuró los labios en huelga de hambre para exigir su libertad inmediata.

“Durante mi detención, el día 22 de mayo del 2013 fui torturado, estuve incomunicado 7 días, sin llamadas y sin comida, a los 4 días me llevaron al reclusorio número 13 de Tonalá, nunca me notificaron mi auto de formal prisión y por eso no pude apelar el auto de formal prisión al Tribunal Superior”, mencionó. 

El Frayba dijo que la sentencia condenatoria en primera instancia dictaminó 7 años de prisión a Roberto Carlos, ignorando la denuncia de Tortura así como violaciones al debido proceso, en apelación a la sentencia se redujo a 5 años con 3 días.

Mencionaron que desde su salida del penal de San Cristóbal el pasado 23 de mayo, Roberto Carlos tomó un camión y se dirigía rumbo a Tapachula, pero hasta la fecha permanece en detención en la Estación Migratoria Siglo XXI, en la ciudad de Tapachula.

“Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitamos que Roberto Carlos Ruiz Hernández tenga asistencia consular del gobierno de Honduras y se le otorgue una visa humanitaria que le permita estar en México con su esposa y sus dos hijos menores de edad de nacionalidad mexicana y reitera su preocupación por la sistemática violación de derechos humanos que se mantiene en el país”.