La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Chiapas, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de una persona por su probable participación en los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación Carlos “G”, fue detenido en enero de este año, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Ocosingo, Chiapas.

La detención de Carlos "G", se realizó cuando se encontraba descargando de una aeronave que hizo aterrizaje en el citado lugar, 25 paquetes con clorhidrato de cocaína con un peso de 223 kilos 966 gramos siete miligramos; además le aseguraron un arma de fuego, tres cargadores y 19 cartuchos útiles.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó los datos de prueba suficientes y contundentes al Juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses de investigación complementaria.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), indicó que este sábado 10 de septiembre se cumplió un mes del fallo que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) emitiera a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desparecidos en mayo de 2007, pero este hecho histórico y único en su tipo se topó con la política dilatoria como un muro que no permite el acceso a la justicia y verdad como derecho humano.

A través de un escrito señalaron que la dilación por parte de la SCJN es una forma de mantener la impunidad sobre los responsables materiales e intelectuales, evitando el escrutinio al Ejército Mexicano como principal perpetrador de los crímenes de lesa humanidad en el país, en particular, en casos de desaparición forzada como es el caso de los revolucionarios Gabriel y Edmundo.

“Los ministros de la primera sala de la SCJN solo tienen que firmar el fallo a favor emitido el 10 de agosto y posteriormente notificar al Noveno Tribunal de la Federación, a su vez, éste último notifique a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) para que éstos emprendan la búsqueda en campos y cuarteles militares mediante la formación de una Comisión Especial de Búsqueda”, expresaron.

Refirieron que el Estado mexicano y gobierno actual buscan deslindar al Ejército del crimen de Estado cometido el 25 de mayo de 2007 contra los revolucionarios Gabriel y Edmundo; y que la Suprema Corte es parte de esta política que pretende prologar la impunidad a través de la dilación y el burocratismo.

Ante esta situación el FNLS invitó al pueblo en general a organizarse por las distintas exigencias y necesidades populares, a denunciar toda violación a los derechos humanos y repudiar los crímenes de lesa humanidad que tiende a incrementar con el fortalecimiento del Estado policíaco militar en el país bajo el pretexto del combate a la “inseguridad”.

“Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de forma inmediata, notifique al Noveno Tribunal Colegiado y se emprenda la búsqueda y localización de los revolucionarios Gabriel y Edmundo”, acotaron.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició investigación contra quien o quienes resulten probables responsables en el delito contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de decomisar 14 envoltorios de plástico y 16 paquetes con polvo blanco con las características de la cocaína.

De acuerdo al Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la subsede en Tapachula, Chiapas, recibieron una denuncia anónima, en la que indicaban que por medio de paquetería enviarían droga de Tapachula a Arriaga, los cuales iban ocultos en rollos de cable.

Tras conocer y corroborar el hecho criminal, el Ministerio Público Federal (MPF), solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, se le concediera la solicitud de intervención de comunicaciones privadas (modalidad de apertura de correspondencia), misma que fue autorizada.

Por lo anterior, elementos de la PFM, se dirigieron a una empresa de paquetería, al momento de la inspección y con el apoyo de dos binomios caninos, localizaron una caja de cartón con catorce envoltorios de plástico de forma rectangular, los cuales contenían un polvo blanco con las características de la cocaína y en dos bobinas de cable localizaron 16 paquetes de forma rectangular, los cuales contenían también un polvo blanco con las características de la cocaína.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito contra la salud y solicitó el dictamen en materia química.