·         La campaña apoyada por Wal-Mart, Target y Best Buy, así como algunas asociaciones de comercio, pide detener el impuesto propuesto por el Partido Republicano

Una coalición de más 100 empresas y asociaciones de comercio en Estados Unidos lanzó una campaña para detener el impuesto de ajuste fronterizo propuesto por el Partido Republicano y considerado por el presidente Donald Trump.

Titulada “Estadunidenses por productos asequibles (AAP)”, la campaña es apoyada por Wal-Mart, Target y Best Buy, y por la Asociación de Tecnología del Consumidor, la Federación Nacional de Minoristas y la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, entre otras.

La campaña busca involucrar a los consumidores, que terminarían por pagar más por productos que adquieren de manera cotidiana —entre ellos alimentos, gas y ropa— en el esfuerzo por convencer al Congreso de detener este gravamen.

En total, cada familia estadunidense debería pagar mil 700 dólares adicionales cada año si se aprueba este impuesto, de acuerdo con la campaña.

Asimismo, la iniciativa pretende mostrar a los legisladores que el impuesto del 20 por ciento a todas las importaciones a Estados Unidos perjudicaría a los creadores de empleos en este país.

El impuesto es un componente de la propuesta republicana de reforma tributaria, que pretende alentar a las empresas a fabricar sus productos en vez de importarlos pero que, de según la campaña, terminaría por transferir el costo a los consumidores.

Los consumidores son en última instancia los perdedores de cualquier esfuerzo para gravar las importaciones porque la economía en los Estados Unidos es impulsada por los consumidores”, expresó Matthew Shay, director ejecutivo de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

En un comunicado, Shay añadió que las empresas aglutinadas bajo la NRF están dispuestas a trabajar con el Congreso para simplificar los impuestos y para alentar a las empresas en Estados Unidos pero que el impuesto fronterizo no contribuye con estos objetivos.

El impuesto “es dañino, no ha sido probado, pondría en riesgo los empleos minoristas estadunidenses y obligaría a los consumidores a pagar hasta un 20 por ciento más por bienes esenciales”, según Sandy Kennedy, de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista.