Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, llevó a cabo la incineración de cerca de 500 kilogramos de diversas drogas y la destrucción de más de un centenar de objetos relacionados con actividades ilícitas.

En total, las autoridades destruyeron 478 kilos, 978 gramos y 230 miligramos de narcóticos. 

Entre las sustancias incineradas destacan más de 469 kilogramos de marihuana (cannabis sativa l.), casi 3.5 kilogramos de benzocaína, y diferentes cantidades de clorhidrato de cocaína y metanfetamina, además de cientos de unidades de psicotrópicos como clobenzorex y metilfenidato.

Asimismo, se procedió a la destrucción de 127 objetos del delito decomisados en diversos operativos en la región, entre los que se encontraban máquinas tragamonedas, chalecos tácticos, gorras y teléfonos celulares.

Previo a la quema, agentes del Ministerio Público Federal (MPF) realizaron el conteo, pesaje y pesaje exacto de los cargamentos en la bodega de indicios de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Tuxtla Gutiérrez, bajo el estricto cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos de la institución.

El acto final de incineración se ejecutó en las instalaciones del Campo Militar No. 31-C "El Sabino", ubicado en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

El proceso contó con la supervisión directa del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR para certificar la legalidad y transparencia de la diligencia.

Con estas acciones, la dependencia federal reafirmó su compromiso en el combate al tráfico de estupefacientes y el debilitamiento operativo de los grupos delictivos en el estado. ( comunicado). 

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Durante años, la política mexicana aprendió a convivir con un secreto a voces: el poder del narcotráfico no terminaba en las brechas, laboratorios o rutas de trasiego; también alcanzaba estructuras económicas, empresariales y políticas. Lo verdaderamente excepcional no era la sospecha, sino el silencio institucional que siempre la rodeó.

Por eso el caso de Rubén Rocha Moya representa algo distinto. No por tratarse del primer gobernador señalado públicamente por presuntos vínculos criminales, sino porque ahora el señalamiento proviene directamente de United States, en medio de la peor crisis de fentanilo que ha enfrentado ese país y bajo una presión política interna que exige resultados inmediatos.

Rocha llegó al poder como parte de la consolidación territorial de Morena en el norte del país. Académico, operador político y figura cercana al obradorismo, representaba la estabilidad política en un estado históricamente marcado por la influencia del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la aparente calma nunca logró esconder del todo las tensiones internas, los reacomodos criminales y la creciente percepción de que la gobernabilidad en ciertas regiones dependía más de equilibrios informales que de control institucional real.

La captura y posterior crisis derivada del caso de Ismael “El Mayo” Zambada terminó alterando ese equilibrio. Desde entonces, comenzaron a aparecer filtraciones, testimonios y versiones sobre investigaciones estadounidenses que, según diversas fuentes, no solo buscaban operadores criminales, sino también posibles redes de protección política.

El golpe terminó llegando de manera frontal: acusaciones públicas, investigaciones abiertas y una narrativa desde Washington que parece abandonar definitivamente la vieja práctica diplomática de “cooperación discreta”. El mensaje es claro: Estados Unidos ya no pretende limitarse a perseguir capos; ahora también quiere señalar a quienes considera piezas funcionales dentro del sistema.

El problema para México es profundamente incómodo. Porque aunque jurídicamente aún no exista sentencia ni culpabilidad comprobada, políticamente el daño ya ocurrió. La simple sospecha de vínculos entre gobierno y crimen organizado erosiona instituciones, fractura la narrativa oficial y revive uno de los temas más delicados de la vida pública nacional: la posible normalización de la narcopolítica.

Sin embargo, en medio de la tormenta, también aparece un fenómeno recurrente en la política mexicana: la dispersión mediática. Mientras el caso Rocha escala internacionalmente, comienzan a surgir otros temas capaces de absorber conversación pública y dividir la atención nacional. Uno de ellos fue la reciente declaración del titular de la Secretaría de Educación Pública, quien adelantó posibles modificaciones al calendario escolar antes de un anuncio oficial completo, generando inmediatamente debate en redes, medios y sectores educativos.

No sería la primera vez que una crisis política de gran tamaño termina diluyéndose entre nuevas polémicas, discusiones sociales o agendas paralelas cuidadosamente amplificadas. En México, la velocidad del escándalo suele competir con la velocidad del olvido.

La gran pregunta no es únicamente si las acusaciones contra Rocha prosperarán judicialmente. La verdadera interrogante es si el país está dispuesto a sostener la discusión de fondo sobre la relación entre poder político, crimen organizado y gobernabilidad… o si, una vez más, todo terminará enterrado bajo el siguiente tema viral de la semana.

• Se cuenta con avances importantes en la investigación e identificación de los autores materiales 

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se cuenta con avances importantes en la investigación e identificación de los autores materiales de los homicidios cometidos en agravio de Leonel “N”, de 22 años; Alexander “N”, de 28 años; Bartolo “N”, de 47 años; y Wilfrido, de 44 años, este domingo en el municipio de Ocozocoautla. 

Llaven Abarca precisó que se estableció la ruta de llegada de los delincuentes, dos personas del sexo masculino, quienes ingresaron por la entrada a la carretera conocida como “La Piña” de Berriozábal hacia Ocozocoautla. 

Posteriormente, fueron ubicados llegando al bar, donde descendieron de una motocicleta en la que se trasladaban, entraron al establecimiento, permanecieron aproximadamente una hora, identificaron a las víctimas, cometieron el delito y se fugaron.

Señaló que, de acuerdo a las líneas de investigación, este ataque se debe a la disputa por narcomenudeo que existe en este municipio. 

En este sentido, el Fiscal General resaltó que desde el inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar se ha hecho un duro frente al delito de narcomenudeo, por lo que se han asegurado más de dos millones dosis de cristal; y se han detenido a 668 personas, quienes son presuntas responsables del delito contra la salud, como distribuidores de narcóticos.

Precisó que las acciones frontales en contra de este delito se han realizado principalmente en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Huixtla, Ocozocoautla y Cintalapa. 

“Continuamos trabajando para combatir este delito y desde la Mesa de Paz que coordina el Gobernador Eduardo Ramírez, seguimos firmes en el combate a cualquier brote de violencia, con el solo compromiso de servirle a Chiapas”, enfatizó.

Durante la transmisión, Jorge Llaven mencionó que tras la investigación iniciada el 19 de febrero de 2026 por la desaparición forzada de Elías Alonso “N”, en el tramo carretero Villaflores-Tuxtla Gutiérrez, se han realizado indagatorias tecnológicas y de campo que confirman que, tal como lo precisa la denuncia presentada por su familiar ante el Ministerio Público, la víctima fue citada en la salida hacia Villaflores. Dijo que en videos se le observa caminando sobre la carretera en ese punto y luego se pierde todo rastro de su paradero.

Indicó, que se ha logrado la detención de Erik “N”, César Alexánder “N” y Kevin “N”, quienes están presuntamente vinculados de manera directa con la desaparición; además, subrayó que la institución continúa realizando actos de investigación y mantiene operativos de búsqueda en coordinación con diversas corporaciones.

En cuanto a la incidencia delictiva en la semana del 6 al 12 de abril en Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal General informó que se iniciaron 19 carpetas de investigación por delitos diversos, lo que representa un incremento de seis denuncias en comparación con la semana antepasada. Respecto a los delitos de alto impacto, destacó que no se registró ninguna carpeta de investigación en este rubro, calificando la semana como de saldo blanco.

Asimismo, señaló una disminución en denuncias por delitos sexuales del 86 por ciento, así como una baja del 25 por ciento en casos de violencia familiar.

Finalmente, se refirió a las órdenes de aprehensión, vía reclusión, cumplimentadas en contra de Graciela “N”, Octavio “N”, Joshua “N”, José “N”, Erick “N” y Luis “N”, presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Marco “N”, Luis “N”, Héctor “N”, Jonatan “N” y Yeffrid “N”, mismos que fueron ultimados el 23 de noviembre de 2024.

Esta banda delictiva se dedicaba a cometer hechos delictuosos en la zona de la Fraylesca, y tiene pendiente otras carpetas de investigación por conductas delictivas, por lo que invitó a la audiencia a denunciar a la Fiscalía de Distrito Fraylesca si conocen de otros ilícitos.

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