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Detienen a sujeto por intento de homicidio y presunta violación en SCLC

Un hombre fue detenido por los delitos de intento de homicidio y presunta violación en contra de una mujer reportada como desaparecida, en la colonia Molinos de los Arcos, municipio de San Cristóbal de Las Casas.

La víctima fue localizada con vida en un terreno baldío de la zona, tras una intensa búsqueda realizada por habitantes de la comunidad. Presentaba visibles signos de violencia, según el reporte preliminar. Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes 25 de abril.

Tras el llamado de emergencia, cuerpos de auxilio acudieron al lugar y trasladaron a la mujer en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Gracias al testimonio de la víctima, se logró identificar a los presuntos agresores. En el operativo conjunto entre la Policía Municipal y vecinos, fue detenido un sujeto identificado como Manolo “N”, mientras que otros dos implicados lograron darse a la fuga.

El detenido fue ingresado inicialmente a la cárcel comunitaria de la colonia y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Este nuevo caso de violencia contra las mujeres ha generado indignación entre los habitantes de la colonia, quienes exigen justicia y acciones urgentes para frenar las agresiones de género.

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Organizaciones que documentan la violencia contra la prensa, urgen acciones de protección para 17 periodistas de Tapachula

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 31 Marzo.- Diecisiete periodistas de Tapachula, varios de ellos corresponsales nacionales, que cubren el fenómeno migratorio de la frontera sur, así como la violencia que azota la región, fueron expuestos con sus nombres y fotografías en la página de facebook “Noticias Chiapas al rojo”, señalándolos de tener nexos con bandas del crimen organizado.

Los reporteros entre los que se encuentran también conductores de noticias de radio y fotoperiodistas se les señaló de tener vínculos con Horacio “N”, un sujeto apodado “el Botanas” líder de una célula criminal de la zona.

Edgar Hernández, corresponsal de La Jornada y Pedro Gerardo López, corresponsal de Tv Azteca, ambos con una larga trayectoria de periodismo profesional, de inmediato a través de sus redes sociales rechazaron los señalamientos, y exigieron a las autoridades una investigación a fondo, “real, clara y contundente”, ya que sus vidas se encuentran riesgo, así como las de sus familias.

Los 17 periodistas, 16 hombres y una mujer,  interpusieron el mismo viernes una denuncia ante la Fiscalía General del estado, y este lunes acudieron a la subdelegación en Tapachula de la Fiscalía General de la Republica a solicitar protección.

Un día después de la publicación que aún permanece activa en Facebook, la Fiscalía General de Chiapas informó que inició una investigación formal por la sobreexposición a fuentes abiertas de 17 periodistas, debido a que fueron vinculados “injustificadamente con el crimen organizado” en el municipio de Tapachula.

La dependencia dio a conocer que estableció coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para que a través de la policía cibernética se realice una investigación tecnológica y científica que permita esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades penales.

“Se han dictado las medidas de protección necesarias atendiendo al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, las cuales deben se proporcionales al nivel de riesgo que presenten las víctimas con motivo de la publicación”.

Organizaciones que documentan la violencia contra la prensa urgen acciones de protección  

 

Organizaciones como el Foro de Periodistas de Chiapas, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas y Frontline Freelance México, alzaron la voz frente a la campaña de difamación que pone en riesgo a los periodistas de Tapachula, señalando que ejercer el periodismo en Chiapas ya es difícil y hacerlo como mujer más.

 

“Sabemos que este tipo de señalamientos en un contexto atravesado por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado, no son menores; son formas de violencia que ponen en riesgo la vida. Y en Chiapas, donde ejercer el periodismo ya implica un alto costo, estos ataques buscan sembrar miedo, silenciar voces y debilitar los vínculos comunitarios que sostienen nuestro trabajo”, dijo en un comunicado la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras.

 

Frontline Freelance México, se sumó a las exigencias de otras organizaciones defensoras de la liberta de prensa y destacó que “este tipo de publicaciones, que tienen una clara intención desprestigiar y generar miedo, constituyen una forma de violencia contra la prensa. 

 

La estigmatización pública de periodistas que cubren temas sensibles como derechos humanos, seguridad y migración en contextos ya de por sí complejos, puede tener consecuencias graves y poner en riesgo la integridad y vida de quienes ejercen su labor con compromiso y profesionalismo”.

 

Vía:Gabriela Coutiño 

 

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Un caso que pone en evidencia la importancia de la justicia en temas de violencia familiar

La vinculación a proceso de Carlos "N", cantautor reconocido, por el presunto delito de violencia familiar equiparada, representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género y el compromiso de la justicia ante casos de este tipo. La Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía de Derechos Humanos, logró demostrar elementos suficientes para iniciar un proceso judicial en su contra, lo que subraya la importancia de no dejar impunes actos que atenten contra la integridad de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres, víctimas muchas veces invisibilizadas.

El caso es especialmente relevante, no solo por la identidad pública del acusado, sino por las implicaciones que tiene en la protección de los derechos humanos y en el manejo adecuado de la justicia en situaciones de violencia familiar. La decisión de la Jueza de imponer medidas cautelares como las firmas periódicas y la restricción de acercamiento entre el acusado y la víctima, da cuenta de un proceso que busca equilibrar la protección de la persona agraviada mientras se continúa con la investigación, la cual se extenderá por un plazo de cuatro meses.

Es importante destacar también la resolución de la Jueza al desestimar el incidente de nulidad promovido por la defensa del imputado. Este tipo de incidentes, que pueden buscar desacreditar el proceso judicial, deben ser abordados con seriedad y conforme a la ley, como se hizo en este caso. La resolución demuestra que, cuando el proceso se ajusta a los marcos legales establecidos, la justicia se encuentra en un camino que garantiza los derechos tanto de la víctima como del acusado.

Este caso es un recordatorio de que, independientemente del perfil público de la persona involucrada, el sistema judicial debe actuar con imparcialidad y firmeza para garantizar que no haya espacio para la impunidad en situaciones de violencia familiar. La sociedad sigue esperando resultados que no solo castiguen, sino que también prevengan futuros casos de abuso y fomenten una cultura de respeto y igualdad.

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