El caso de Javier Duarte es inquietante. Mueve el discurso que ha soltado el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza en cuanto el combate a la corrupción de los gobiernos no sólo de su partido, sino de todos los partidos.

            Se entiende el activismo de Ochoa Reza que después de cobrador de la luz en CFE pasó a un dinámico y temerario dirigente partidista.  Y se entiende porque el PRI está súper urgido de recobrar la confianza y la simpatía de la gente cuando el país entra a la antesala del proceso electoral del 2018 que desde ya se ve peliagudo.

            Duarte es el jugoso cebo del PRI. Con Duarte el PRI tiene una posibilidad oronda de resurgir de las cenizas a donde lo mandó el reciente proceso electoral. Así que exigir que Duarte vaya tras las rejas es sin duda el mejor activo político que tiene el tricolor en estos momentos. Al PRI le conviene que Duarte esté en la cárcel como ganancia política con miras al 2018.

            Pero más allá del inusual dinamismo de Ochoa Reza que demuestra porqué el presidente Peña le confió a él la dirigencia de su partido, el caso Duarte tiene connotaciones políticas y sociales graves que se tienen qué desgranar.

            La corrupción en este país es un fenómeno íntimamente ligado al poder y al ejercicio público.

Si bien la corrupción es el mayor problema que tiene que enfrentar América Latina, el asunto en México se torna alarmante porque su economía se supone más avanzada que sus pares latinos. Es decir, a mayor crecimiento mayor corrupción y más corruptos en todas las escalas.

            El crimen organizado ocupa el primer lugar en México y está arriba de cualquier otra nación de la región lo cual, sin duda, también es hartamente preocupante.

            Los escándalos de corrupción de Cristina Fernández en Argentina o los sobornos y su posterior encarcelamiento de Otto Pérez Molina en Guatemala, son grotescos ejemplos, como el de Javier Duarte, de la pudrición que asfixia al ejercicio del poder y la política en América Latina.

            Con Duarte en Veracruz los mexicanos nos hemos quedado estupefactos y horrorizados. Es una película de terror que incluso arrastra a personajes chiapanecos como Antonio Macías, el tal Toni Macías, y que nos advierte que es necesario recomponer las cosas en este  país so pena de que se nos haga pedazos en las manos.

            Muchos Duarte andan sueltos en México porque tristemente la corrupción es un tentáculo de mil cabezas que manosea a todos los niveles de la sociedad.

            La corrupción es un mal que se ha enraizado cada vez más en las estructuras del país. Aún podemos, sin embargo, evitar que siga avanzando conformando una sociedad más activa y participativa, vigilando a quienes son nuestros empleados (los funcionarios) y dando buenos ejemplos desde el hogar.

            ¿Es difícil? Sí, pero debemos entender que si no lo hacemos, si no empezamos ya, este país caerá irremediablemente a ese espantoso precipicio.

El gobernador de Veracruz anuncia medidas ante la crisis que vive el estado; va por aviadores y personas ligadas a casos de corrupción, afirma

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, declaró ‘emergencia financiera’ para Veracruz; además de asegurar que se cuenta con indicios de “corrupción” entre exfuncionarios y directivos de instituciones financieras.

Veracruz se declara en emergencia financiera… hago un llamado al pueblo, a la comprensión y solidaridad ante difíciles medidas”, dijo en conferencia de prensa.

Hizo un llamado al gobierno federal para encontrar una respuesta a la “crisis derivada de hechos delictivos”.

Ante el contexto negativo, anunció:

Solicitar al Congreso estatal modificar el modelo financiero, para equilibrar el ingreso y el gasto.

Rehacer el presupuesto para el próximo año, que tiene un déficit de 21 mil mdp

VA POR CORRUPTOS

El mandatario adelantó que como parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se contará con un área específica para investigar, sancionar y recuperar bienes, adquiridos en forma corrupta por administraciones anteriores.

En otro orden, habló de depurar la nómina gubernamental, para detectar a ‘aviadores’ y sancionar a los responsables de promover este tipo de modelo perjudicial.

Como medida adicional, se buscará evitar la duplicidad de funciones, lo que se reflejará en reducir gastos.

Entre los pendientes, advirtió, que aquellos adeudos que fueran producto de actos corruptos no serán cubiertos.

NO COBRARÁ SUELDO

Se sumó a las medidas de austeridad y como ejemplo, anunció: “No cobraremos nuestro sueldo hasta que no haya recursos”.

Al adentrarse en el tema de la crisis, el mandatario recalcó que para salir bien en diciembre, se requieren de 10 mdp, pero que al momento, cuentan con 3 mdp.

Tenemos un déficit de más de 7 mil millones de pesos, cifra casi imposible de cubrir".

Son señalados por su presunta responsabilidad de aprovechar su cargo para destinar servicios en apoyo a un partido político; los cuatro eran servidores públicos de Sedesol en Veracruz 

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra de cuatro extrabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, por desvío de recursos.

Al analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la federación, el juez determinó que existen los elementos suficientes en su contra para procesarlos por violaciones al artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, en el que se establece que se castigará al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, en apoyo de un partido político.

Se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río, Veracruz”, explicó la Procuraduría General de la República (PGR).

 Los detenidos son el exdelegado, Ranulfo “N”; subdirector de Área, Felipe “N”; Enlace de Atención Ciudadana, Cesar “N”; y, Enlace Operativo, Graciela “N”, todos de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte.

Según la PGR, como funcionarios públicos participaron en la planeación de la campaña electoral de un partido político, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta,  incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.

Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral”, detalló la institución.