·         César Espinosa Morales dirigente del Comité Ejecutivo Estatal no ha pagado prerrogativas a los Comités Municipales, ni sueldos a los trabajadores

La estructura perredista en Chiapas “continúa de capa caída”. Esta vez, militantes e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del “sol azteca” exigen no sólo el cese de su líder, César Espinosa Morales, sino que sea castigado con base en la ley luego de detectarle varias irregularidades.

En un comunicado, informaron que acudieron al Órgano Jurisdiccional Interno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para presentar su queja formal en contra de dicho personaje, a quien señalan de firmar documentos falsos, no mantener la unión del instituto político, ignorar el pago de las prerrogativas y salarios, entre otras.

La falta de difusión de manera periódica y pública del estado que guardan los recursos financieros del partido a nivel estatal, el negarse a presentar cada tres meses ante el Consejo Estatal el informe financiero y de actividades realizadas, tanto de manera general como específica por la secretaría, son otras de las anomalías presentadas, dijeron.

Incluso, advirtieron que no convoca a sesión de Comité Ejecutivo Estatal al menos una vez cada 15 días, ni a reuniones de trabajo a los presidentes de los comités ejecutivos municipales, “muchos menos destina los apoyos de las prerrogativas a los integrantes de los comités Ejecutivo Estatal ni municipales para el desarrollo de sus actividades”.

César Espinosa “ha provocado la desorganización política y administrativa, así como el debilitamiento partidista y democrático dentro de la militancia; también propicia un desprestigio del propio partido en la ciudadanía, por la falta de transparencia en los recursos, deudas y cobros extrajudiciales de manera pública que resultan ser graves y que tienen como consecuencia de conformidad con nuestros estatutos y por ser una necesidad para el crecimiento y desarrollo de nuestro partido la remoción inmediata de dicho presidente, a efectos de retomar el partido y continuar fortaleciendo la democracia en el mismo”.

En pocas palabras, externaron, desde que tomó el cargo hace tres años se ha dedicado a promover la imagen de políticos de otros partidos, “y ha convertido al PRD en la comparsa a favor de la autoridad en turno, sin importarle que violenta así los derechos de los perredistas de la entidad, y en consecuencia el incumplimiento de las demás disposiciones reglamentarias”.

En estos momentos, advirtieron, sólo les queda esperar para contar con la respuesta de los órganos internos a favor, para celebrar un nuevo consejo estatal y de esa manera nombrar un presidente interino hasta que haya nuevas elecciones.

·         Debido a que incumplieron con la renovación de su contrato de adhesión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas inició procedimientos por infracción a la ley

 Debido a que incumplieron con la renovación de su contrato de adhesión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas inició procedimientos por infracción a la ley, con aplicación de sellos de suspensión, en contra de 13 funerarias de esta ciudad capital. 

En entrevista, Janeth Pérez Hernández, jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Profeco explicó que estos casos se desahogarán como lo marca la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y concluirá hasta la sanción administrativa, acompañada de una resolución.

Aclaró que los sellos de suspensión serán retirados una vez que las empresas subsanen las causas que originaron la imposición de los mismos, “y el exhorto para otros establecimientos que comercialicen con este tipo de servicios, para que acudan a la Profeco a renovar su registro de contrato de adhesión”.

Mencionó que esta acción fue parte de un operativo aleatorio a nivel nacional que duró dos días, “nos enfocamos en los establecimientos (esta vez sólo de Tuxtla Gutiérrez) que ofrecen servicios funerarios de uso intermediario inmediato, a futuro y de asistencia… algunos ya estaban cerrados, otros no funcionan, pero esto es inicial”.

En cuanto a las sanciones, Janeth Pérez dijo que dependerán de la capacidad económica de cada compañía y de las irregularidades detectadas durante la visita, no obstante, añadió, éstas oscilan entre las 20 a las tres mil veces el salario mínimo, “también es importante que subsanen en tiempo las anomalías, y que desahoguen cada uno de los requerimientos”.

De hecho, especificó que se enfocaron en revisar la parte de comportamiento comercial: checar sus precios, que los respetaran y cumplieran con la parte de respetar lo que marca la Ley Federal del Consumidor, además de una visita de verificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 036/Cecofi/2016, la cual se publicó el 1 de enero de este año y en la cual se debe cumplir con la actualización del contrato de adhesión que utilizan para operar. 

Aunque recordó que son pocas las denuncias en este sentido la última hace dos años por incumplimiento de un paquete de servicios funerarios contratado, advirtió a los consumidores no dejarse presionar por los dueños o empleados de las empresas funerarias para la contratación de uno, “y cualquier abuso es importante que lo denuncien y así poner un freno”.