• Por hechos ocurridos el 30 de marzo, en el paraje Xuxchén

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que luego de recibir la noticia del feminicidio de una adolescente, de 17 años e identidad reservada, ocurrido en el paraje Xuxchén del municipio de Aldama, este 30 de marzo; se detuvo como presunto responsable a Guadalupe Victorio “N”, de 35 años. 

La joven fue privada de la vida por un disparo de arma de fuego y según la necropsia de ley, la causa de la muerte fue una hemorragia severa secundaria a herida producida por proyectil de arma de fuego en el tórax.

El detenido y el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

En este sentido, Jorge Llaven dijo que se pedirá la pena máxima de 100 años de prisión para este feminicida, “actuaremos con contundencia para combatir las conductas feminicidas en el estado de Chiapas”.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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En la mayoría de los casos, el feminicidio no comienza el día del asesinato. Empieza mucho antes, con amenazas, agresiones, denuncias ignoradas y un sistema que no responde con la urgencia que el riesgo exige. Detrás de cada mujer asesinada suele existir una historia de violencias previas que fueron desatendidas o minimizadas.

Especialistas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres coinciden en que el feminicidio es, con frecuencia, el resultado de una cadena de fallas institucionales. La falta de atención inmediata a las primeras denuncias, la ausencia de medidas de protección efectivas y la falta de seguimiento a los casos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En el sur de Chiapas, esta realidad se vuelve aún más compleja. Las distancias entre comunidades, la falta de acceso a servicios de justicia, la escasez de refugios y los obstáculos económicos dificultan que muchas mujeres puedan salir de entornos violentos. En zonas rurales e indígenas, además, las víctimas enfrentan barreras adicionales como la falta de información, la desconfianza en las autoridades y la ausencia de redes de apoyo institucional.

Casos que han generado indignación pública han evidenciado una problemática recurrente: agresores que continúan libres mientras los procesos avanzan lentamente o citatorios que llegan cuando ya es demasiado tarde. Estos hechos han reavivado el debate sobre la capacidad del Estado para actuar de manera preventiva frente al riesgo feminicida.

A pesar de que la legislación reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, especialistas señalan que existe una brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica. La aplicación de los protocolos, la evaluación real del riesgo y la protección efectiva de las víctimas siguen siendo desafíos pendientes.

Diversas voces han señalado que prevenir feminicidios sí es posible si se fortalecen acciones concretas desde las instituciones. Entre las medidas más urgentes destacan la atención inmediata a la primera denuncia, la implementación de evaluaciones de riesgo serias, el cumplimiento y supervisión de órdenes de protección y la creación de refugios accesibles en distintas regiones del estado.

También se ha planteado la necesidad de apoyos económicos de emergencia para mujeres que buscan salir de situaciones de violencia, así como una mayor coordinación entre autoridades de seguridad, justicia, salud y asistencia social. Otro punto clave es la capacitación de funcionarios públicos para atender estos casos con perspectiva de género y la imposición de sanciones a quienes ignoren o retrasen denuncias.

Para activistas y especialistas, uno de los factores más importantes es creer en la palabra de las víctimas desde el primer momento. La experiencia demuestra que cuando las instituciones actúan con debida diligencia y rapidez, es posible reducir el riesgo de que la violencia escale hasta el feminicidio.

En el sur de Chiapas, el desafío no solo consiste en reconocer la gravedad del problema, sino en transformar las condiciones que lo permiten. La prevención requiere acciones coordinadas, recursos suficientes y una respuesta institucional que esté a la altura del derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

• Detienen a presunto responsable de pederastia agravada en Soyaló y aprehenden a presunto responsable de feminicidio en Jiquipilas

• Derivado de operativos en las zonas Norte y Altos se detuvo a 15 personas 

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el pasado 1 de marzo se inició una carpeta de investigación por el delito de pederastia agravada, derivado de hechos cometidos en el ejido Francisco Sarabia, municipio de Soyaló, en agravio de una niña de identidad reservada.

Como resultado de las diligencias correspondientes, fue detenido el presunto responsable Rubisel “N”, quien será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Llaven Abarca resaltó que, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado a cargo de Omar Gómez Cruz, la niña recibe atención médica especializada derivado de su condición actual, garantizando la protección de sus derechos y su bienestar físico y emocional.

En otro momento, dio a conocer que se logró la aprehensión de Luis “N”, como presunto responsable de feminicidio de quien respondiera al nombre de Amparo “N”, cometido en la colonia Macabil de La Libertad en el municipio de Jiquipilas. La necropsia de ley arrojó que la muerte fue a consecuencia de una hemorragia aguda secundaria a heridas producidas por arma punzocortante, presentando lesiones en la región del cuello.

Luis “N” fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, y se solicitará la pena máxima por este lamentable hecho. “Les reitero que vamos a actuar con mucha contundencia para evitar la impunidad en delitos cometidos en agravio de mujeres, adolescentes y niñas”, enfatizó. 

En otro tenor, el Fiscal General precisó que en las zonas Norte y Altos de Chiapas, se están implementando operativos relacionados con el combate al narcomenudeo y al robo de vehículos.

Por lo anterior, se realizaron tres detenciones, la primera fue en contra de cuatro personas en la zona Norte del estado de Chiapas; la segunda detención fue de seis personas ejecutada en la zona Altos, y la última, fue la de cinco personas también en la zona Norte, específicamente en el municipio de Ixhuatán.

Como resultado, a estas 15 personas detenidas, quienes presuntamente dijeron pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación, se les aseguraron armas largas y vehículos con reporte de robo. 

Agregó, que los inculpados son originarios de Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, los cuales llegaron a Chiapas con la finalidad de delinquir; sin embargo, garantizó que no habrá impunidad y se va a actuar con mano firme, para que enfrenten la justicia.

En esta transmisión, Jorge Llaven dio a conocer la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez en enero y febrero de 2026, en comparación con enero y febrero de 2025, donde refirió que en delitos diversos hubo una disminución del 57 por ciento, pasando de 688 carpetas de investigación en 2025 a 294 en este año.  En cuanto a delitos de alto impacto hubo un descenso del 22 por ciento, ya que en 2025 se iniciaron 54 carpetas y 42 en 2026.

En cuanto al delito de violencia familiar, hubo un incremento del 18 por ciento, y en delitos sexuales, un descenso del 32 ciento. “Estamos dándole puntual seguimiento también a este tipo de delitos que lastiman mucho sobre todo el tejido social, porque la mayoría se cometen al interior de los hogares”, acotó.