En opinión de Mariano Díaz Ochoa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del estado, cada tres años hay nuevos ricos en la entidad, tras de que quienes fungieron como ediles se retiran con las manos llenas de dinero por los actos de corrupción que cometen.

En este sentido aceptó que la queja más sentida de la población es la impunidad con la que actúan aquellos funcionarios que se vuelven “millonarios” de la noche a la mañana. “No hay castigo para nadie. Hay mucha denuncia y lo más irónico es que cada tres años, éstos nuevos ricos en los ayuntamientos se burlan de la sociedad, pues saben que no se les hará nada”.

Durante una breve entrevista, el representante popular aseguró que existen reglas para hacer que los servidores públicos rindan cuentas del uso de presupuestos, empero, “adolecemos de la aplicación de las mismas y los legisladores tenemos la obligación de demandar que esta tarea se haga”.

Díaz Ochoa aceptó más adelante que no sólo hay administraciones municipales que faltan de entregar la cuenta pública del año pasado, sino incluso son varios los ediles que ya dejaron el cargo y que nunca transparentaron el uso del dinero en sus administraciones“, refirió.

Interrogado respecto a qué falla en la cadena de la legalidad, pues pese a la existencia de leyes anticorrupción e instancias encargadas de castigar a los culpables, no hay nadie encarcelado, aseguró que ello denota que dichas dependencias no sirven o no hacen su trabajo.

“Hay muchos ex-presidentes municipales que deben estar en la cárcel”, enfatizó y calificó como saludable que por ley el próximo 5 de mayo, todas las acciones para transparentar recursos por parte del Órgano de Fiscalización y la Contraloría del gobierno del estado, deben subirlas a sus portales web.

Al respecto enfatizó que con estas acciones la sociedad podrá enterrase porqué el alcalde de Teopisca no entregó su cuenta pública y cuánto dinero defraudó o el de Tenejapa que salió hace dos trienios y el cual nunca mostró en qué utilizó el presupuesto municipal.

En cuanto a las observaciones que hizo recientemente la Auditoría Superior de la Federación al gobierno del Chiapas sobre el manejo de recursos públicos en diversas áreas, el legislador consideró que éstas podrán ser solventadas. “No son acusaciones de corrupción, sino aclaraciones que deben hacer las dependencias para transparentar el uso del dinero”, dijo.

En conferencia de prensa, luego de la misa de mediodía, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel cuestionó las afectaciones que se producen al turismo, la salud y la economía de los chiapanecos al realizar bloqueos y establecer topes en las carreteras del estado.

 “Entre San Cristóbal y Palenque, con un poco más de 200 kilómetros de distancia, hay más de 300 topes, y cada día aparecen nuevos. ¿No hay autoridad que regule esto? Las líneas de autobuses entre San Cristóbal y Palenque ya no pasan por esta carretera, sino que dan vuelta por Tuxtla y por Villa Hermosa. ¿Qué significa esto? Que hay demasiados topes, como persistentes bloqueos por diversos motivos”.

 “Analicemos dónde son realmente necesarios y dónde no tienen sentido. Cuando hay una entrada de una carretera secundaria a una principal, o cuando se trata sólo de una brecha de terracería que ingresa a una carretera pavimentada, no se debería poner tope en la carretera principal, sino más bien en la secundaria o en la terracería que se conecta a la principal”, destacó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal.

El prelado recordó que hace pocos años, los transportistas de San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar y Chenalhó, se pusieron de acuerdo y quitaron muchos topes que se habían puesto, dejando solamente los estrictamente necesarios, como cuando hay escuelas a la vera del camino.

 “¿No podrían hacer lo mismo los dueños o concesionarios de taxis, combis y micros, que transitan por nuestras carreteras, para regular la colocación de topes? Algunos pocos son necesarios y justificables, pero no tanto, en nuestras propias ciudades, hay muchos topes en las calles que son absurdos y sólo reflejan falta de reglamentación al respecto, o falta de responsabilidad de autoridades”, sumó.

Arizmendi Esquivel, citó que en el paso por otra pequeña comunidad, entre Oxchuc y Ocosingo, con ocasión de un accidente mortal de hace años, colocaron siete topes para poder transitar por allí y en otras partes, han puesto topes sólo porque alguien abrió una tiendita de abarrotes y obligan a detenerse vehículos, lo que no debería ocurrir.

En otro sentido, aseveró que va muy avanzada la ampliación de la carretera de Comitán a San Cristóbal, para que sea una súper-carretera más transitable y rápida, libre y sin cuota, gracias a los impuestos, en la que se está trabajando desde Tulancá hasta Amatenango del Valle y Teopisca.

Sin embargo, en el tramo ya terminado, cerca de Tulancá, acaban de poner 21 topes, no demasiados altos como los que están un poco antes, en la entrada a La Merced, que parecen muros, pero llama la atención que los pusieron en una comunidad donde hay muy pocas casas, no al borde de la carretera, y a pesar de que se les está poniendo un puente peatonal y otros servicios. ¡Qué absurdo! ¿Quiénes y por qué lo hicieron?”, concluyó.

 Con bloqueo carretero en el tramo Teopisca-Comitán de Domínguez, a la altura del Crucero conocido como El Carmelito, del municipio de Amatenango del Valle, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), demandaron justicia en contra de personas que asesinaron a dos de sus compañeros en el Ejido 20 de Noviembre del municipio de Las Margaritas, el pasado 15 de enero de 2016.

Asimismo, realizaron un bloqueo en el crucero conocido como puerto Caté para interrumpir el paso entre Bochil y Jitotol.

En un boletín de prensa la CIOAC "José Dolores López Domínguez", demandó se ejerzan las órdenes de aprehensión además en contra de quienes asesinaron el 23 de noviembre del mismo año a Leticia Cruz Villareal, del ejido El Triunfo en el municipio de Pantepec.

Fue alrededor de las 11:30 horas que iniciaron un bloqueo para demandar justicia por el “asesinato brutal de sus compañeros indígenas” y señalan que los asesinos se pasean libremente en las calles del Ejido 20 de Noviembre, sin saber que tienen órdenes de aprehensión liberadas, pero que las autoridades y la justicia se encuentra ausente.

Demandaron al secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y al procurador de Justicia del estado de Chiapas, se dé cumplimiento a dichas órdenes “antes de que los pobladores y comunidades hagan justicia por su propia mano”.

Al secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas exigieron el cumplimiento con la entrega apoyos del programa Maíz Sustentable, ya que a pesar del compromiso hecho en el 2016 no se ha llevado a cabo.

“A pesar de haber cumplido con los requisitos que marca la normativa como es el caso de las credenciales Bienestar para el Campo, hoy le pedimos al gobierno federal y estatal una mesa interinstitucional entre las dependencias del estado para el seguimiento puntual a nuestras demandas 2017”, añadieron en la misiva.

Reclamaron finalmente en la misiva al secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco atención a la demanda de transportistas que tienen entre sus adheridos.

El bloqueo carretero concluyó alrededor de las 15:00 horas y advirtieron continuarán haciéndolo en tanto no haya solución a sus demandas, aunque también se manifestaron “en contra del gasolinazo, salarios dignos, reactivación de la producción nacional, reorientación de las políticas públicas para los que menos tiene”.

Por algunos momentos permitían el paso a algunos vehículos con el pago de una cuota de entre 30 y 50 pesos por unidad.