• Las personas que se desplazaron lo hicieron de manera voluntaria, además que son familiares de generadores de violencia que huyeron a Guatemala y son buscados por la autoridad

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, encabezaron una conferencia de prensa donde informaron sobre avances de los operativos e investigaciones que se realizan en la zona Sierra, desde el 8 de diciembre que inició el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Ante los medios de comunicación, el Fiscal General informó que las personas que se desplazaron del ejido El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa hacia Guatemala, lo hicieron de forma voluntaria, posiblemente por tener alguna relación familiar o de parentesco con las personas generadoras de violencia que cuentan con órdenes de aprehensión, mismas que, se tiene identificado, se ubican en Guatemala. 

“Gracias al importante despliegue y a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, hoy ninguna familia tiene motivos de violencia para desplazarse de manera forzada. Lo que se vivía hace un año, que eran horas interminables de violencia y que la gente estaba sometida, es cosa del pasado; hoy se puede ir a cualquier parte de la Sierra sin ningún problema, porque hay presencia institucional de todas las fuerzas del orden. La paz y la tranquilidad de Chiapas están garantizadas”, aseguró.

Jorge Llaven señaló que hay más de 50 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y se tienen identificados a todas las personas generadoras de violencia, de las cuales hay siete detenidas, 127 imputadas vinculadas a proceso y se han asegurado más de 78 vehículos, entre ellos unos tipo “monstruo”, en la región de Paso Hondo, Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande, donde había un grupo generador de violencia denominado El Maíz, que construyó una base social para la delincuencia organizada.

Asimismo, mencionó que cuatro de los líderes de este grupo cuentan con fichas rojas de Interpol y desde hace más de un mes se realizó la solicitud de Interpol México para que los homólogos del vecino país de Guatemala ayuden con su localización y detención.

“Nosotros aquí del lado de Chiapas estamos trabajando muy coordinados y queremos reconocer el gran esfuerzo que hace el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional; tenemos un despliegue muy importante en la región”, destacó.

En tanto, el Secretario de Seguridad del Pueblo resaltó que se cuenta con un despliegue robusto en toda la zona de la frontera, donde hay más de mil 500 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

 Asimismo, dijo que en la zona se están realizando sobrevuelos todos los días con el helicóptero Black Hawk artillado, acciones operativas en las que también se cuenta con tres drones artillados y tres puntos de atención ciudadana Kanan; uno en Pacayal, otro en Santa Teresa Llano Grande y uno más en El Sabinalito, de manera permanente.

“No vamos a dar un paso atrás, el mensaje para el crimen organizado es que seguiremos con una presencia robusta; tenemos un gobernador del estado que todos los días da seguimiento a los temas de seguridad de manera puntual junto con el Fiscal General y su servidor; la Mesa para la Paz está alineada con la estrategia federal”, finalizó.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas — A casi nueve años del desplazamiento forzado que transformó sus vidas, 14 familias originarias del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia, verdad y una solución definitiva a su situación.

Las familias, víctimas de violencia comunitaria y abandono institucional, denunciaron que desde el 26 de mayo de 2016, cuando fueron obligadas a abandonar sus hogares, no han recibido una respuesta real por parte de las autoridades. Aquel día, además del éxodo forzado, fue asesinado Guadalupe Cruz Hernández, un hecho que —según los manifestantes— permanece impune hasta la fecha.

“Han pasado casi diez años, y seguimos sin justicia ni garantías para volver a casa. Vivimos en el olvido”, expresó una de las representantes del grupo durante la protesta pacífica.

Los desplazados portaban pancartas y fotografías que recordaban su historia de despojo y violencia, mientras solicitaban al gobierno estatal acciones concretas para asegurar su retorno seguro, la reparación del daño y el castigo a los responsables.

Organismos defensores de derechos humanos han señalado que el caso del Ejido Puebla es uno de los muchos episodios de desplazamiento interno forzado en Chiapas, ligados a conflictos políticos, religiosos y territoriales en la región Altos del estado.