Jueza cesada de su cargo y sujeta a proceso de investigación.

• Una jueza del ramo penal de San Cristóbal de Las Casas liberó ayer a un feminicida confeso que asesinó en junio del 2013 a una joven de 21 años, por lo que los padres de la víctima protestaron hoy frente al Poder Judicial.

Tras la manifestación, la jueza fue cesada de su cargo y sujeta a un proceso de investigación.

Ayer lunes, la jueza Isabel Álvarez Ramos, dictó sentencia absolutoria a favor de Omar Fernando Rosales Toledano, según el expediente penal 28/2018, instruido por feminicidio en contra de esta persona por haber asesinado a un hotel y posteriormente tirado en una barranca bajo un puente, el cuerpo de Viridians Flores Ramírez, de 21 años, quien era la madre de su hijo.

Tras el crimen perpetrado en la madrugada del 8 de junio del 2013, Rosales Toledano, huyó de San Cristóbal de Las Casas, pero cinco días después fue capturado la mañana del 13 de junio en un hotel de Tapachula y estuvo recluido estos cinco años en el penal El Amate.D

De acuerdo con las investigaciones, Rudy Norberto Nájera Flores ayudó al autor material del feminicidio a trasladar y arrojar el cuerpo de la mujer a un barranco desde el puente San Cristóbal, donde fue hallado por personal pericial el 12 de junio.

El joven Rosales Toledano confesó el crimen, sin embargo, tras cinco años de juicio, ayer la jueza Isabel Álvarez Ramos determinó dictar la sentencia absolutoria. El caso cobró relevancia porque el joven feminicida era asistente del senador del PVEM, Luis Armando Melgar, ejecutivo del consorcio televisivo de Grupo Salinas.

Hoy los padres de Viridians, Juan Carlos Flores y Guadalupe Ramírez, protestaron junto a un grupo de amigos y familiares en contra de esta sentencia y denunciaron que en todo el proceso hubo una serie de irregularidades para favorecer al feminicida ahora liberado.

Señalaron sentirse decepcionados del sistema de impartición de justicia en Chiapas y que no entienden ese doble discurso de las autoridades de procuración y administración de justicia en Chiapas, quienes por un lado presumen investigar y sancionar a los feminicidas, cuando en realidad se les libera.

“Es por estas situaciones que se justifica la justicia por propia mano, uno se siente frustrado, uno espera de ellos que actúen con rectitud y honestidad, apegados a derecho, sin embargo, liberan a los criminales, y ahora nosotros tenemos que cuidarnos porque estamos amenazados por denunciar la injusticia”, dijo el padre de Viridians.

Activistas de diversas organizaciones civiles señalaron que no es la primera vez que la jueza Isabel Álvarez Ramos libera a un feminicida, puesto que en otras ocasiones había actuado de forma similar.

El 22 de diciembre de 2017, Mariano Sánchez Pérez, fue detenido por pobladores del municipio de Chalchihuitán y puesto a disposición de las autoridades, por el feminicidio de Marcela Sánchez Girón.

El día jueves 25 de octubre de 2018, Sánchez Pérez fue puesto en libertad por Álvarez Ramos.

“Acciones como éstas, de omisión y complicidad ante la violencia feminicida, demuestran la falta de compromiso de las autoridades para prevenir y erradicar la violencia de género en Chiapas”, dijo Selene Domínguez, del Frente Feminista de Chiapas.

La Secretaría Ejecutiva del Concejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, María Itzel Ballinas Barbosa, dijo que la sentencia de la jueza no es definitiva y que ésta es la primera instancia, por lo que cabe para las partes interponer el recurso de apelación en contra de esta misma sentencia con el juicio de amparo indirecto.

Dijo que las y los juzgadores, son autónomos en sus resoluciones, y por ende no tienen obligación de consultar con nadie sus obligaciones. Que ni los magistrados, ni los consejeros, ni el presidente del Poder Judicial del Estado están facultados legalmente para instruirlos para que se pronuncien en determinado sentido.

La vocera expuso que ese Consejo de la Judicatura ordenó de inmediato una investigación, por lo que se formó un grupo de magistrados expertos dedicados a revisar el debido proceso, por lo que tomarán cartas en el asunto del Caso Viridians.

Se determinó que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones en los términos que marca la ley, a la jueza Isabel Álvarez, así como a la secretaria de acuerdos y la actuaria de dicho órgano jurisdiccional, por la probable responsabilidad en que podrían haber incurrido en el desempeño de sus funciones y de tener lugar, la suspensión definitiva, tras la intervención del Ministerio Público para que proceda según sus atribuciones.