* Se reúnen estudiantes de todo el país para analizar las reformas, en San Cristóbal

Inició en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) el Coloquio Nacional denominado “la Reforma del Estado y el derecho penal en México”, organizado por la citada universidad.

Las actividades donde se abordan temas como Reformas Constitucionales y el Centenario, Reforma del Estado, interpretación constitucional y neo constitucional, Interpretación conforme y principio pro personas en la impartición de justicia, además hoy jueves analizarán el tema Fortaleza y debilidades del Proceso Acusatorio, entre otros, que concluirán hoy mismo.

Durante la mesa de análisis del tema “Reforma del Estado, interpretación constitucional y neo constitucional”, el catedrático de la UNACH, Artemio Molina Utrilla, consideró necesario actualizar la constitución política, ya que se tiene el antecedente que ha recibido 642 reformas, 40 mil palabras y solamente el artículo 41 que habla sobre materia electoral tiene cuatro mil palabras “entonces en ese sentido es necesario una actualización”.

Señaló que a meses de cumplirse cien años de la Constitución, el 5 de febrero del 2017, hay artículos en los cuales es necesario sustraer algunos procedimientos a reglamentos internos, es decir “a hacer reglamentos y sacarlos de la constitución”.

“Hay palabras que se utilizaron desde que se hizo yse reformó la Constitución de 1917, y ahora se utilizan con un lenguaje del siglo 21. El instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM está haciendo un estudio en el cual, hace una armonización de lo que son los artículos, los preceptos para hacer una constitución mucho más moderna en ese sentido”, añadió.

Molina Utrilla hizo hincapié que entre los avances establecido en la Carta Magna, es en materia electoral, “por ahí se tiene el antecedente que en reforma electoral, hemos tenido lo que es la institucionalización de estos derechos, en el sentido que hoy, en este siglo se gozó con el derecho del voto a la mujer, también de que los órganos electorales son vigilados por el instituto Nacional Electoral (INE)”.

“La Reforma Penal se tiene mucho avance en el sentido de que hoy vemos un procedimiento de carácter oral y finalmente lo que es la reforma de los derechos humanos”, acotó.

“Nuestra constitución se tiene que alinear a lo que son los instrumentos internacionales, tenemos dos órganos internacionales que es la Comisión y la Corte Interamericana que vigilan constantemente, por ahí tenemos el control de convencionalidad que los jueces están obligados a aplicar en nuestro país”, aseveró.

Afirmó que los derechos humanos han tenido avances sustanciales porque ya se aplican, tales como el divorcio voluntario, “está quedando en desuso, si en su caso la pareja no se pone de acuerdo, anteriormente se iniciaba el escrito inicial de demanda de lo que era el divorcio voluntario y cuando iba para sentencia quedaba todo sin efecto, se iban a lo que es procedimiento del divorcio necesario y se pasaban años, hoy en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se puede promover lo que es un divorcio sin causa”.

Finalmente hizo mención que según estudios hechos por la UNAM, casi el 90 por ciento de la población en México desconoce lo que es la Constitución, “ se ha visto que conocen algunos tópicos, peor lo que es la constitución en sí, y eso hace la preocupación  de que no conocen sus derechos y nos los hace valer” 

A pesar de los esfuerzos aún se transgreden los derechos de este sector vulnerable en el estado y el país, señaló Ana García, del IMDHD

Ana García Núñez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseguró que tanto el marco jurídico como el presupuestario en el estado de Chiapas, se transgreden los derechos de las personas con discapacidad, así como su derecho a la igualdad y la no discriminación, limitando con ello su plena inclusión en la sociedad, en igualdad de oportunidades.

“La inclusión de Las personas con discapacidad en Chiapas es un mito y más allá de discursos y leyes inconsistentes con las estándares internacionales, la realidad nos confirma su exclusión en todos los ámbitos de la vida social. En consecuencia, para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las personas con discapacidad en Chiapas, exigimos se destinen recursos para desarrollar la infraestructura y las capacidades institucionales para la protección de las derechos de las personas con discapacidad”, refirió.

En conferencia de prensa, demandó a la Secretaría de Hacienda del estado, designe un presupuesto para la elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión Social de Las Personas con Discapacidad, así como todas aquellas políticas públicas vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad, con enfoque de derechos humanos y de género, para combatir y eliminar la situación de discriminación estructural a la que se enfrentan.

Pidió al Congreso del Estado un ejercicio plural e incluyente que promueva una reforma integral a la Ley para la Inclusión de Las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, que la armonice con los estándares internacionales de derechos humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Exigió al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el ámbito de sus atribuciones, genere y promueva políticas, proyectos o acciones encaminados a prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Chiapas.

Al cumplirse el primer aniversario de la promulgación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, manifestó su preocupación por las omisiones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“A un año de la promulgación de la referida ley, ésta no tiene un reglamento y ello limita las posibilidades para la programación de un presupuesto para el diseño, ejecución y evaluación del Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad; igualmente grave es que la ley no está armonizada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, mencionó García Núñez.

Al dar lectura a un pronunciamiento, aludió que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, las personas con discapacidad, sumaban para ese año 5.7 millones de personas, las cuales representan el 5.1 por ciento de la población total.

Al referirse a Chiapas, datos para ese mismo año, estimaron que existía una población de 167 mil 685 personas con discapacidad, la cual representa el 3.5 por ciento de la población total del estado, calculada en cuatro millones 788 mil 162.

“En contraste con los datos del Inegi, el padrón de personas con discapacidad del Sistema DIF en Chiapas, solo reconoce una población de 56 mil 703 personas con discapacidad. Un principio fundamental para el diseño de marcos legislativos y políticas  públicas son los diagnósticos con información sólida y confiable respecto a la población objetiva de las mismas”, acotó.

Anotófinamente que con la citada ley se crea el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Las Personas con Discapacidad; sin embargo, con base en diversas solicitudes de información pública presentadas al gobierno del estado, puede confirmarse que no existe evidencia documental contundente sobre la instalación de dicho Consejo, ni la disposición de presupuesto para la ejecución del programa estatal.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) informaron que el próximo 7 de Octubre en el Auditorio Che Guevara, el periodista Jenaro Villamil Rodríguez, presentará su libro denominado, “La caída del telepresidente, de la imposición de las reformas a la indignación social”.

Al respecto, Samantha Peña Hernández, citó que fue en 2015 cuando este libro fue publicado, el cual hace un análisis de la política mexicana.

Detalló que será el viernes 7 de octubre a las nueve de la mañana en la institución cuando Villamil Rodríguez, haga la presentación por primera vez en Chiapas de este material.

En conferencia de prensa, Sergio Iván Morales Ruíz, reseñó que el periodista y activista accedió a presentar su libro en el estado, el cual aborda una recopilación de todo el trabajo y las incitativas que se presentaron en la Cámara de Senadores.

 “Él fue quien cubría las notas desde que se aprobó el Pacto por México, hasta la última de las Reformas, que fue la madre de todas las Reformas, la Energética”, añadió.

Adelantó que en el libro, el autor hace el análisis de las legislaciones de los partidos políticos, así como de los movimientos sociales, “toca además el tema de Ayotzinapa, de todo este revuelo que causó la desaparición de los 43 normalistas”.

El próximo viernes a las nueve de la mañana, saldrán del Parque de la Feria al Centro de la ciudad para exigir que se detenga la discriminación social contra su líder

Integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), marcharán mañana viernes en punto de las 9 de la mañana, partiendo del parque de Feria al Centro de la ciudad, para demandar su molestia por las acusaciones que se han hecho por diferentes sectores en contra de su dirigente Narciso Ruiz Sántiz.

En un escrito entregado a medios de comunicación, de fecha 26 de septiembre de 2016, el cual fue recibido por diferentes instancias de gobierno, pero dirigido al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, consideran injusto que cualquier hecho ilegal  que sucede en el municipio de San Cristóbal, se le impute a Ruiz Sántiz, quien siempre resuelve los conflictos con diálogos.

 “Solicitamos al gobierno federal cese inmediatamente la búsqueda de nuestro compañero y porta voz, únicamente por capricho de la CNTE y funcionarios partidistas de Morena”, citan en el escrito.

Cuestionado sobre el tema, el dirigente Narciso Ruiz, espera que en esta marcha participen más de mil 500 personas, además señaló que partirán del parque de Feria al sur de la ciudad, pasando por la presidencia municipal y concluirán con un mitin en la plaza catedral.

 “Sin haber participado, me vinculan en hechos como el caso del 20 de julio, pero nosotros no tuvimos nada que ver, vamos a solicitar ese día que se hagan las investigaciones pertinentes, que se castigue a los responsables, pero exigiremos que no detengan a personas que nada tienen que ver en ese asunto, es una marcha para que no haya una discriminación social”, dijo.

Aseguró que las órdenes que se han girado en su contra, “son datos falsificados o fabricación de delito, no hay pruebas documentales que muestren claramente mi participación, solamente son testimoniales que son fáciles de contradecir”.

Tras realizar una reunión con sus agremiados en la plazuela de El cerrillo al mediodía de este martes, para detallar las acciones de la marcha, dejó ver que cuenta con las pruebas que el día y hora de los hechos en el kilómetro 46, de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, se encontraba en un lugar diferente, “aunque de la otra parte pueden contratar testigos que hablen en mi contra”.

“En el caso de Santa Catarina que me ha acusado constantemente de asesino, de paramilitar, de grupo de choque, cuando en realidad no somos eso, somos comerciantes que hemos protestado, que defendemos nuestro derecho, pero tampoco estamos vinculados para hacer algún acto de choque”, acotó Ruiz Sántiz.

Adelantó que sus abogados ya trabajan para interponer una contra demanda,  estipulada en el código civil por ataques a la moral, “porque están atacando muy fuerte, sin tener ninguna prueba y me señalan, estoy por hacer una demanda pero primero tengo que investigar que pruebas tienen en mi contra y si no, los pediría para que lo presenten y no sigan diciendo que somos grupos de choque”.

De llegarse a dar la ocasión, podría reunirse con líderes magisteriales de esta región, pues asegura no tiene nada contra este sector, ya que es diferente a la organización que preside, “pues ellos pelean por su trabajo, nosotros peleamos por nuestros espacios como comerciantes”.

Por último llamó a la ciudadanía en general a no creerse todo lo que se dice de él y la organización que dirige, pues no son un grupo de choque ni asesinos y en el caso de Santa Catarina, han señalado al presidente municipal, a varias personas, por lo que refiere, “que se pongan de acuerdo quiénes el actor intelectual y material, pero no pueden ser todas las personas que han señalado”.

 “Sin haber participado, me vinculan en hechos como el caso del 20 de julio, pero nosotros no tuvimos nada que ver, vamos a solicitar ese día que se hagan las investigaciones pertinentes, que se castigue a los responsables”.