Rutas del transporte público como la 91 y 58 son un ejemplo del centenar de vehículos que trabajan de forma irregular en la capital del estado, explicó Jorge Omar Martínez Vázquez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas A. C. (Coestrach), al agregar que en Tuxtla Gutiérrez existen más de 600 unidades de taxi que circulan bajo el pirataje.

En el marco de protestas por más de 100 operadores de taxi el fin de semana, Martínez Vázquez indicó que la ciudad capital prevalece una gran cantidad de rutas de transporte público que laboran de forma irregular, así como más de 600 taxis piratas.

“Hay muchas rutas, estamos hablando de la ruta 91 y la ruta 58, pero hay muchas. En lo que es taxis estamos hablando de más de 600 taxis que a diario circulan, más por las tardes en Tuxtla Gutiérrez”, dijo.

En este sentido, apuntó que de tales unidades afectan directamente al transportista que paga impuestos, como a la ciudadanía en general ya que no se garantiza confianza y seguridad al abordar unidades que trabajan de forma ilegal.

“Aparte de afectar al concesionario, que pagamos impuestos, que cumplimos con toda la normatividad que nos pide la ley, aquí la situación lamentable es que la ciudadanía está desprotegida, estamos hablando de que existe un riego total en el esos vehículos, y que a diario se dan robos y secuestros exprés”, manifestó.

Respecto a la detención de Bersaín Miranda Borraz y Franklin Herrera, líderes transportistas, aseguró que ellos son los responsables de la irregularidad en el transporte público, ya que por años han creado un monopolio que ha perjudicado a operadores, como a usuarios.

“Ellos son los responsables, los pulpos del transporte, las personas que se dedican a la lucrar y a crear el monopolio son unos cuantos que han perjudicado durante muchos años”, sostuvo

Respecto al número de concesiones entregadas durante la actual administración, reiteró que no se han dado desde el sexenio anterior, razón que ha sido un reflejo del aumento de unidades pirata en la modalidad de taxi y colectivo.

“Concesiones no se han dado, precisamente esa es la razón que empiezan a circular taxis piratas, sin placas, sin ninguna concesión, disfrazado de un amparo de esa manera han venido manipulando el libre tránsito, son los mismos transportistas que en estos momentos tienen órdenes de aprensión”, comentó.

Por lo anterior, solicitan al secretario de transporte, como al estado ejercer todo el peso de la ley sobre todos aquellas personas que trabajen de forma irregular en el transporte, ya que esto contrae desestabilización en el sector.

Cabe hacer mención, que durante el marco de protestas se llevó a cabo el desmantelamiento de una unidad de taxi que circulaba sobre la manifestación, ya que tal vehículo no contaba con placas y engomado.

“Los compañeros están molestos, están indignados y ellos se atrevieron a parar a un pirata y a quitarle las franjas, los rótulos porque es algo ilegal y que si afecta a todos, y más a ellos que están en espera desde hace más de 20 años por una concesión”, finalizó Martínez Vázquez.

La coordinadora General de Política Fiscal del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Silvia Arely Díaz Santiago advirtió a propietarios de 122 predios que rematarán esas propiedades sin en 2 meses no pagan el impuesto predial atrasado, al municipio.

En entrevista, Díaz Santiago explicó que, durante enero, febrero y marzo de este año el ayuntamiento recibirá adeudos por parte de propietarios, donde actualmente existen 122 predios considerados a subastarse.

A esto, comentó que los deudores de alrededor de 122 predios fueron invitados a pagar en dos ocasiones a través de un escrito domiciliario, y de no cubrirse el pago de su predial se iniciará un proceso administrativo de ejecución, para cobrarse mediante bienes muebles o inmuebles.

“A través de los bienes muebles, con las autoridades pertinentes y los peritos valuadores podemos agarrar todas las cosas de los deudores, que en suma cubran la cuota de la deuda, en cuanto a los restaurantes o comercios podemos acceder directamente a las cajas”, dijo.

En este sentido, afirmó que rematando los inmuebles, el municipio recuperaría en promedio 1 millón 200 mil pesos, por lo que invita a los deudores a pagar hasta un día antes de la subasta para asegurar su propiedad.

De acuerdo a datos de especialistas en bienes mobiliarios, el estado está en su derecho de llevar a cabo tal proceso administrativo, sin embargo tiene que hacerlo a través del Periódico Oficial en dos ocasiones, así como en diarios de mayor circulación para que la sociedad esté enterada de las acciones.