Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” del municipio de Tonalá evidenció que en los últimos años, pero sobre todo con la entrada de las reformas estructurales —principalmente la Energética—, ha habido más represión en contra de quienes defienden el territorio al manifestarse contra los megaproyectos, como los de minería o extracción de hidrocarburos.

En entrevista en esta ciudad tuxtleca, manifestó que hay una gran parte de la población, desde Arriaga hasta Tapachula, que se mantiene unida y en resistencia en contra de megaproyectos hidroeléctricos, de monocultivos, mineros e incluso de las mismas zonas económicas especiales (ZEE).

De hecho, dijo que estas acciones sólo atentan contra la salud y el desarrollo de las poblaciones, “repercuten de forma grave en los derechos de la vida, el medio ambiente, para sólo beneficiar a unos cuantos, a las empresas transnacionales, y por ello existe hoy en día una gran organización”.

Ejemplificó que en los municipios de Acacoyagua y Escuintla hay  represión contra los líderes del Frente de Defensa Popular “20 de Junio” porque luchan en contra de una minera, propiedad de Carlos Salinas Pliego, entre otros grandes inversionistas.

Aseveró que de hecho las autoridades buscan judicializar la lucha en contra de quienes se resisten a los trabajos de la compañía minera, “hay denuncias penales en su contra, e intentan de todo para criminalizar su lucha, la cual es legítima y creemos que la amenaza crecerá porque las autoridades tratarán de imponer esos proyectos de muerte (sic)”.

Aunque existe temor a represalias, Nataniel Hernández estimó que en vez de disminuir los procesos de lucha se fortalecen aún más en contra del despojo en Chiapas, sobre todo desde las regiones Selva, Altos, Costa y Fronteriza, donde se mantienen en un proceso de resistencia “muy fuerte” y articulados para la defensa del territorio. 

 “Creo que este año es importante para afianzar esas articulaciones y contar con una propuesta integral para la defensa de la tierra, desde lo legal, hasta lo político, comunitario, que frenen esos megaproyectos en toda la geografía chiapaneca”, comentó.

Subrayó que las comunidades no piden que entre una empresa hidroeléctrica u otro proyecto afín, “cuando la energía eléctrica sigue igual o más caro, o lo que pasa con el gas, entonces lo que se pide es respeto al territorio y que además sean tomados en cuenta en cuanto a la consulta de los pueblos, no a la oficial”.

Amado Ríos Valdez, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) descartó que la empresa “Cales y Morteros del Grijalva” continúe con las afectaciones en al menos 30 hectáreas del Parque Nacional Cañón del Sumidero, e incluso dijo que ha habido una recuperación de flora.

En diciembre de 2013, recordó en entrevista con este rotativo, el gobierno federal acordó que la calera pararía labores de extracción de material pétreo, lo que implicaba las explosiones, “y hasta la fecha no ha habido ni una, ni siquiera extracción de roca, y así se ha hecho (desde el año 2013)”.

Incluso, refirió que se ha recuperado un poco de flora en la zona “afectada”, “la planta sí trabaja, y lo hace desde cinco décadas antes de que fuera decretada como ANP, pero ahora sólo llevan el material y en ese espacio lo trituran, lo procesan”.

No obstante, afirmó que existe un acuerdo para que esa compañía se mude al municipio de Suchiapa, lo que sucedería el próximo año, “pero te diría que en términos de contaminación, está dentro de la norma. Siempre que la Profepa ha hecho mediciones, así lo establece en cuanto a emisiones de la atmósfera”.

Es decir, detalló, se carece de un elemento sustancial o científico que establezca que “Cales y Morteros del Grijalva” opere fuera de la norma, “la pérdida de flora y fauna se originó en donde está el hoyo”, cuyo predio abarca cerca de 60 hectáreas, pero son explotadas alrededor de la mitad.

En cuanto a una fisura en esa parte que al parecer afecta al Cañón del Sumidero, el funcionario argumentó: “Especialistas de Geofísica de la UNAM documentaron las posibles fisuras, pero son conclusiones no contundentes, aunque lo primero que se hizo fue eliminar, desde hace tres años, esas explosiones”.