Trabajadores de Obra Pública y Comunicaciones piden liquidación justa

·         Lo justo, no pedimos más, sino lo que nos toca, porque no es posible que nos den migajas cuando dimos nuestra vida por esa dependencia, mencionaron los agraviados

 La incertidumbre entre los miles de trabajadores burócratas de Chiapas continúa con el paso de los días. Ahora, exempleados de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (Sopyc) evidenciaron que no sólo perdieron su empleo, sino que no les respetaron sus derechos laborales como la misma autoridad lo aseguró, a través de la Secretaría del Trabajo.

En entrevista, aseveraron que en el caso de la dependencia que dirige Jorge Alberto Betancourt Esponda el recorte masivo trastocó sus derechos laborales, pues prácticamente fueron obligados a dejar sus puestos, e incluso no les correspondieron como lo estipula la Ley Federal del Trabajo.

 “Desmentimos un comunicado emitido por la Comisión de Caminos, dependiente de la Sopyc, porque en él se menciona, de manera errónea, que se rescataron algunas plazas, y no es cierto, y cuestionamos: ¿Por qué la excuñada del ingeniero Reybel Santos Romero, asesor de Betancourt, laboraba en la Sopyc?”

Lo más lamentable, evidenciaron los inconformes, es que el dinero que les otorgaron como parte de su finiquito no corresponde a su antigüedad laboral, “nos dieron un pago de servicio por ocho años, cuando en muchos casos la liquidación real era mayor”.

De hecho, externaron su molestia por dicho documento difundido el pasado 10 de febrero, pues consideraron que dañaba su imagen, e incluso criticaron la omisión o el desinterés por apoyarlos de Celso Clemente Mar y de Julio César Cortés Rodas, director de Control y Evaluación y subsecretario de Planeación, respectivamente.

 “Fuimos despedidos de manera injusta, violaron nuestros derechos, y lo más triste es que esos funcionarios no movieron un solo dedo o hicieron algo al respecto para contrariar lo que se enunciaba en ese oficio”, comentaron.

Aunque ya recibieron su finiquito, advirtieron que iniciarían procesos legales para solicitar lo que por ley les corresponde, “lo justo, no pedimos más, sino lo que nos toca, porque no es posible que nos den migajas cuando dimos nuestra vida por esa dependencia”.